¿Una dictadura perfecta?

¿Una dictadura perfecta?
Brecha
Hace muchos años Mario Vargas Llosa definió al México del entonces omnipotente PRI como una dictadura perfecta; aludiendo a que un régimen aparentemente democrático, con elecciones y división de poderes formales, escondía un sistema político virtualmente dictatorial. El caso de Chile posdictadura supera el precedente del PRI.Nuestro país parece mucho más democrático que el México “revolucionario institucional”. Hay una competencia electoral efectiva entre dos grandes coaliciones. La represión se conduce fundamentalmente por los cauces legales. Hay varios partidos políticos gubernamentales, que no tienen peso hegemónico sobre las organizaciones sociales. No existen restricciones formales a los medios de comunicación, que se desenvuelven sin presiones gubernativas. Tampoco hay restricciones formales para la libertad de religión, de conciencia, de reunión y de asociación. Ningún derecho es formalmente conculcado.

Pero en la práctica el país está completamente hegemonizado por unas decenas de grandes grupos económicos. Esta estructura de poder es heredada de la dictadura de Pinochet, que impuso en 1980 una Constitución y en la década del 80 estableció el modelo neoliberal más extremo conocido en el mundo. Como lo definió Luis Ricarte Soto, Chile es la Corea del Norte del capitalismo. A partir de la dictadura esos grupos económicos controlan la economía chilena con un mercado fuertemente concentrado en todos los sectores; existe el sistema previsional de las tristemente célebres administradoras de fondos de pensiones (Afp); hay un sistema de seguros de salud de calidad para una minoría que puede pagarlos (la mayoría recurre a un sistema estatal de baja calidad); hay un sistema educacional pagado para una minoría, mientras la mayoría se debe conformar con una educación municipal de baja calidad; un sistema universitario en el que predominan las universidades privadas con fines de lucro (y aunque hay importantes alternativas estatales, son también muy caras para la población), y la generalidad de los medios de comunicación son privados.

Notablemente, este sistema de poder ha perdurado pese a que cinco de los seis gobiernos electos desde 1990 han sido de coaliciones nominalmente de centroizquierda. Primero, la Concertación de Partidos por la Democracia (formada básicamente por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia). Y luego por la Nueva Mayoría, que ¡incorporó incluso al Partido Comunista! Sin embargo, dichos gobiernos (particularmente los cuatro primeros) legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo político, económico, social y cultural impuesto por Pinochet.

Con la derrota del dictador en el plebiscito de 1988, ya no pudo ser él quien encabezara el modelo, pero la Constitución de 1980, que tuvo su vigencia plena a partir de los noventa ¡rige hasta el día de hoy!, con algunos cambios de importancia pero que no alteran su esencia autoritaria y neoliberal. En ningún otro país latinoamericano que sufrió una larga dictadura militar se preserva una Constitución impuesta bajo este período.

Por otro lado, el modelo económico-social neoliberal impuesto fue hecho suyo solapadamente por el liderazgo concertacionista. Como lo reconoció en un libro en 1997 el principal arquitecto de la “transición a la democracia”, el ministro democratacristiano Edgardo Boeninger: el liderazgo de la Concertación llegó a fines de la década del 80 a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad). A tanto llegó en el engaño a sus bases que, a través de un acuerdo de reforma constitucional –del cual la población nunca conoció los detalles–, ¡le regaló a la futura oposición de derecha la mayoría parlamentaria que le aseguraba virtualmente los términos originales de la Constitución del 80!, que estaban concebidos para ser funcionales al establecimiento de un gobierno de Pinochet. Así, cuando sus bases sociales le demandaban transformar el modelo económico, los líderes de la Concertación quedaron “habilitados” para esgrimir que no tenían la mayoría parlamentaria para ello.

Los jerarcas de la Concertación efectuaron además otra medida también probablemente inédita a nivel mundial: ¡destruir todos los medios de comunicación escrita afines a ella! Diversos periodistas habían desarrollado durante la década del 80 varios diarios y revistas que fueron muy exitosos –pese a la represión que sufrieron– en la lucha contra la dictadura. Pero no compartieron la “convergencia” con la derecha; por lo que se convertirían en los verdaderos medios opositores. Por tanto, respondía a la nueva racionalidad de estos dirigentes concertacionistas buscar su destrucción, también de forma solapada. De este modo, mediante el bloqueo de las ayudas financieras externas (holandesas), impidiendo la publicidad estatal en sus páginas, y por la compra de algunos de estos medios por personeros concertacionistas, para luego cerrarlos, dejaron de existir en la década del 90 los diarios La Época y Fortín Mapocho, y las revistas Análisis, Apsi y Hoy.

Todo lo anterior ha llevado a la población chilena a percibir las posiciones de la “derecha” y la “centroizquierda” como cada vez más semejantes. Incluso un diputado socialista (Sergio Aguiló) dijo ya hace años (2002) que la política chilena se dilucidaba “entre dos derechas”. Ya a fines de los noventa comenzó un progresivo distanciamiento de la ciudadanía con los procesos electorales, que ha quedado dramáticamente a la vista con el sistema de voto voluntario introducido en 2012.

Aunque durante la primera década del nuevo milenio continuó una básica conformidad de la población con la continuidad del sistema, la consolidación de este modelo ha comenzado a agrietarse desde 2011. El detonante fue la movilización estudiantil universitaria que bregó multitudinariamente por cambiar el sistema de educación superior –estimado proporcionalmente el más caro del mundo para las familias–, que tenía (y tiene) extremadamente endeudados a una gran cantidad de nuevos profesionales. Además, el inorgánico crecimiento de las universidades privadas ha generado un excedente de profesionales que no tiene ubicación en el mercado laboral.

A ello se suma la creciente insatisfacción con las escuálidas jubilaciones del sistema previsional de las Afp (N de R: comparables a las Afap uruguayas), creado en 1981 y por el cual desde 2011 comenzó a jubilarse masivamente la población. Pero el “factor estudiantil” ha sido tan ineludible que generó un primer proceso serio de reformas del modelo pinochetista, aunque acotado a la educación. Este fue abordado por el actual gobierno de Bachelet. Sin embargo sus resultados han sido muy cuestionados, particularmente por los propios estudiantes. Además, la generación que lideró dicho movimiento en 2011 se ha constituido en el eje articulador de un movimiento de envergadura que por primera vez está desafiando la estabilidad del sistema impuesto por la derecha y consolidado por la “centroizquierda”: el Frente Amplio.

La creciente corrupción en la política chilena también ha deteriorado al sistema. Así como hay una “dictadura perfecta”, en Chile ha habido –desde la dictadura– una “corrupción perfecta”, ya que no está centrada en la escandalosa “institución” de la coima. En Chile la coima es comparativamente muy escasa. La gigantesca corrupción que se introdujo durante la dictadura, y que se consolidó en “democracia”, está basada sofisticadamente en normas legales, interpretaciones administrativas, atribuciones discrecionales y situaciones fácticas que permiten una colusión enorme entre los grandes poderes económicos y el sistema político. Sin embargo, en el último tiempo creció considerablemente la financiación irregular de los partidos y campañas políticas; y al ser mucho más visible, ha afectado enormemente el crédito ciudadano, particularmente el de la “centroizquierda”.

Es en este contexto que se desarrollaron las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias. Además han sido las primeras celebradas luego de la modificación del antidemocrático sistema binominal dejado por la dictadura, según el cual cada circunscripción elegía sólo dos representantes, generando una sobrerrepresentación de la segunda mayoría, subrepresentación de la primera, y eliminación de la representación de las terceras mayorías.

Por eso no han sido tan sorprendentes sus resultados. La centroizquierda, dividida entre el Pdc, por un lado, y el PS, PR, Ppd y PC por el otro, y con dos candidatos muy poco carismáticos: Carolina Goic y Alejandro Guillier, respectivamente, registró su peor resultado desde 1990. Goic obtuvo un bajísimo 5,8 por ciento y Guillier el 22,7 por ciento, también bajo para enfrentar la segunda vuelta. La derecha quedó primera a bastante distancia con el 36,6 por ciento de Sebastián Piñera. Si bien obtuvo menos de lo previsto, con la presumible adhesión de los votantes del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, quedaría en un expectante 44 por ciento.

La sorpresa la puso la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que obtuvo un 20,2 por ciento. Y el desempeño del mismo Frente, que consiguió 20 diputados, cuando actualmente sólo tiene tres. El Frente Amplio (compuesto por más de diez pequeños grupos políticos, con una participación juvenil, urbana, ecologista y feminista muy grande) se configura como un actor significativo que amenaza a la alicaída Concertación-Nueva Mayoría. Su desafío mayor es lograr consolidarse y atraer a significativos sectores del electorado que no vota (más del 55 por ciento). En definitiva, el muy buen resultado del Frente se debió a una conquista de votos concertacionistas y no a una representación de los que todavía no participan en el sistema: nada menos que la mayoría de los ciudadanos.

* Sociólogo y académico en la Universidad de Chile. Autor de varios libros, entre ellos Los mitos de la democracia chilena. Tomo I (2004) y tomo II (2010), Catalonia.

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El chantaje perverso de los medicamentos

El chantaje perverso de los medicamentos
El diario

– El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a pagar los medicamentos más caros a cambio de la ayuda financiera que reciben por la crisis

– El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de las grandes farmacéuticas

– Una de las grandes prioridades de los laboratorios es bloquear a toda cosa la alternativa de los medicamentos genéricos

El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, está tirando de mecanismos de todo tipo para doblar la mano de diferentes gobiernos municipales y autonómicos. El último capítulo del chantaje tiene que ver con la salud pública y con la sostenibilidad del sistema sanitario.

Hoy contamos en eldiario.es que Montoro obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal del Fondo de Liquidación Autonómica a firmar un convenio que garantice que el gasto público en medicamentos privilegiará a la industria farmacéutica. ¿Cómo? Sencillo: les pone un mínimo de gasto en productos auspiciados por Farmaindustria, lo que de facto significa reducir el gasto en medicamentos genéricos independientes, que son más baratos e igual de efectivos. Más resumido todavía: el Gobierno obliga a destinar dinero en determinados medicamentos de marca a cambio de una ayuda económica para servicios públicos. O más simple aún: se están malgastando fondos de crisis para financiar indirectamente a las farmacéuticas, uno de los negocios más rentables del mundo.

Los medicamentos genéricos son alternativas más baratas a las marcas de siempre. Una vez que vence la patente del laboratorio que desarrolla y comercializa un principio activo, y que dura normalmente alrededor de 20 años, se abre la veda para que pueda comercializarse de manera más asequible.

El argumento de fondo para que exista una patente es beneficiar la inversión en investigación: si sabes que el medicamento es solo tuyo durante 10 o 20 o 30 años, te merece la pena invertir en su investigación científica y desarrollo. Sin embargo, las grandes farmacéuticas utilizan todo tipo de trucos para registrar como nuevas patentes medicamentos que en realidad son prácticamente idénticos a otros ya existentes en su laboratorio, lo que acaba favoreciendo el oligopolio y manteniendo unos precios abusivos.

Mientras que Farmaindustria asegura que la media invertida para desarrollar un medicamento es superior a 2.500 millones de dólares, Médicos Sin Fronteras asegura que esa cifra es de alrededor de 150 millones. Por ejemplo, según MSF, el laboratorio GSK inviritó entre 130 y 400 millones de euros en I+D para lograr la vacuna infantil contra el rotavirus que se vende en farmacias por más de 240 euros en tres dosis. Las ventas alcanzaron los 2.600 millones de euros en solo cuatro años, de 2010 a 2013.

Al consejero delegado de Bayer le dio un ataque de sinceridad en 2014 cuando hablaba de un genérico contra el cáncer que el Gobierno de India quería comercalizar por 420 dólares mensuales frente al equivalente al de Bayern, que valía 4.200 euros mensuales: “Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado indio, lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”, reconoció Marjin Dekkers.

Hace unos meses publicamos en eldiario.es el especial Salud de lujo, donde explicamos cómo funciona la especulación con medicamentos y su impacto sobre el sistema de salud. Las grandes farmacéuticas se encargan, por todos los medios, de bloquear la democratización de los medicamentos a través de los genéricos. Primero, utilizando herramientas de capitalismo salvaje para impedir que los genéricos sean accesibles. Una tendencia reciente en la industria es que grandes laboratorios compren a otros más pequeños e independientes para que no puedan hacerles la competencia con sus genéricos; y más allá, muchas empresas desarrollan sus propios genéricos para que “compitan” (en realidad, para que no lo hagan) con sus propios medicamentos de marca.

Con un ejemplo, que recordaba nuestro compañero Raúl Rejón en este reportaje, se entiende mejor: el genérico que más se vende en España es el Adiro, que es ácido acetilsalicílico, con menos cantidad y con usos específicos pero parecido la mítica Aspirina. ¿Quién comercializa la Aspirina? Bayer. ¿Quién comercializa el Adiro? Exacto. Bayer.

Por otro lado, los laboratorios gastan millones en influir y controlar el mercado y las autorizaciones oficiales para poder vender un medicamento, que es de lo que en realidad se trata este pacto entre Montoro y Farmaindustria para garantizar un mínimo en las comunidades autónomas. Para entender cómo tiene Farmaindustria la capacidad de hacer eso, es útil que entendamos cómo se le pone precio a un medicamento, algo que explicamos en este vídeo

Los medicamentos no son un producto más. Necesitan autorización pública para comercializarse en España y luego necesitan un precio fijo al que las administraciones van a financiarlo para que luego salga, en muchos casos, más barato o gratis en la farmacia.

En la mesa donde se negocia con las farmacéuticas y deciden los precios de los medicamentos hay 11 personas de diferentes ministerios y otras administraciones. Más allá de lo que trasciende informalmente, ni sabemos quiénes son ni el Gobierno quiere darnos sus nombres. No podemos, por tanto, vigilar que no se produzcan conflictos de intereses o corruptelas. La sospecha no es conspiranoica, teniendo en cuenta la enorme tradición de influencia de las farmecéuticas sobre los médicos para condicionar qué medicamentos recetan.

Al hacerle una radiografía al sector, nos sale que el 50% de los medicamentos de marca autorizados en España pertenecen a una veintena de laboratorios multinacionales. Novartis, Pfizer, GSK, Sanofi y Ferrer lideran este ranking de laboratorios y entre las cinco suman más de 1.276 medicamentos autorizados en España. No es raro ver a sus comerciales, “visitadores médicos” lo llaman, convenciendo a médicos de familia en centros de salud, con viajes y regalos si es necesario.

En España, las grandes farmacéuticas dedicaron más de 230 millones de euros solo en 2015 para pagar patrocinios, colaboraciones, viajes, cursos u honorarios de profesionales médicos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. En 2016, Pfizer tuvo que despedir a 30 directivos de su sede de Madrid al destaparse un caso flagrante de pagos irregulares a médicos por todo el país. Algunos hemos visto escenas llamativas, como la de un ‘visitador’ que se cuela en un hospital público de Madrid hasta la puerta de un quirófano y se pone a hablar con el doctor mientras éste practica una prueba a un paciente con anestesia general. Si eso pasa al nivel bajo de influencia, qué nos estaremos perdiendo detrás de las cortinas donde se deciden los grandes números del negocio de la salud pública.

@juanlusanchez

Fuente: http://www.eldiario.es/juanlusanchez/medicamentos-genericos-chantaje_6_712238775.html