“EEUU e Israel, amenazas principales a la paz mundial”

chomsky
Según Noam Chomsky, Obama aumenta el peligro de una guerra nuclear al utilizar drones en lucha antiterrorista
“EEUU e Israel, amenazas principales a la paz mundial”
Descarta que revelaciones del ex agente de la CIA Snowden tengan efectos en la opinión pública

Una ráfaga interminable de flashes acompaña el paso titubeante del lingüista estadunidense Noam Chomsky, convirtiéndose en la muestra de su celebridad. Llegó a Bonn, Alemania, para abrir un foro global mediático de tres días, convocado por la emisora internacional alemana Deutsche Welle, que estos días está de fiesta al conmemorar el 60 aniversario de su fundación. La visita del prominente antiglobalista estaba cerrada para las entrevistas, pero fue él quien hizo una excepción por tratarse de La Jornada.

La visita del profesor emérito de lingüística del Instituto Tecnológico de Massachusetts y crítico acérrimo de la política estadunidense coincide con la del presidente Barack Obama a Berlín, en un momento en el que su administración es criticada por su programa de drones y de espionaje para supuestamente proteger a los estadunidenses de potenciales ataques terroristas.

La suave voz de Chomsky no ha perdido filo. El ícono de la izquierda intelectual no tiene pelos en la lengua, al llamar burla la concesión del Premio Nobel de la Paz a Obama –al inicio de su gestión– y calificar a Estados Unidos e Israel de principales amenazas a la paz mundial. “Estados Unidos lleva a cabo una campaña global antiterrorista que no tiene contraparte. Esos drones son armas de terror”, afirma Chomsky, y pone de ejemplo el ataque en un poblado en el que un supuesto terrorista ha sido asesinado. Si estás ahí y resultaste herido, te sentirás aterrorizado. Son aparatos para aterrorizar poblados, regiones. De hecho, países enteros.

El pensador remite durante la conversación a un estudio realizado por las universidades de Stanford y de Nueva York, que analizaron los efectos de una guerra con el uso de drones y llegaron a esa conclusión. Su utilización es sumamente peligrosa, porque con ello se está escalando el peligro de una guerra nuclear, advierte. Según Obama, la mayor amenaza a la paz mundial es el programa nuclear iraní, pero eso es una obsesión occidental. Los aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, Egipto, Irak, Yemen y otros tal vez no quieran a Irán, pero no lo consideran amenaza. Para estos países la principal amenaza son Estados Unidos e Israel.

Chomsky explica lo que él llama la estrategia de persuasión iraní. “Si tienen un programa nuclear, ni la inteligencia estadunidense lo sabe. Es una manera de impedir un posible ataque de Estados Unidos. Esto se convierte en algo intolerable para Washington, acostumbrado a hacer uso de la fuerza donde quiera.

Hay muchas maneras de lidiar con amenazas. De hecho, una de ellas acaba de pasar. Chomsky recordó la convocatoria a una conferencia en Helsinki, en diciembre pasado, para deliberar sobre una propuesta de países árabes para el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región. Incluso avanzar unos pasos mitigaría cualquiera amenaza. ¿Que pasó?, pregunta Chomsky, y él mismo responde: “A principios de noviembre Irán anunció que tomaría parte en la conferencia, y un par de días después Obama la canceló. Poco después hubo un encuentro organizado por el Washington Institute for Near East Policy, brazo del lobby israelí, al que asistieron oficiales de alto nivel de las administraciones Clinton, Obama y Bush. El único reporte que encontré fue en la prensa israelí. Decía que había sido un encuentro eufórico y que la diplomacia tenía todavía unos meses antes de que se produjera un ataque militar en Irán”.

El filósofo apunta hacia el débil efecto de la diplomacia cuando no se cree en ella. Para colmo, la opinión pública poco puede hacer al respecto. Nadie sabe lo que está pasando. Las opciones para lidiar con una supuesta amenaza son mantenidas en secreto, y lo más probable es que estemos marchando hacia una guerra muy peligrosa, advierte.

Para el lingüista, basta con poner en relieve el poderío militar estadunidense. Si un país tiene unas mil bases castrenses y su gasto en ese rubro es equivalente casi al del resto del mundo en su conjunto, y si su tecnología militar está más desarrollada, lo más probable es que esta correlación se traduzca en acciones, expresa.

Noam Chomsky desestima que tenga algún efecto sobre la opinión pública estadunidense la revelación de Edward Snowden sobre el programa de espionaje masivo llamado PRISM para extraer información de utilidad para la CIA en la lucha contra el terrorismo. Snowden cumplió con su responsabilidad ciudadana al dar a conocer lo que el gobierno de su país está haciendo con la gente. Dudo que tenga efecto, y eso lo puedes notar por las reacciones que ha habido. Las reacciones de la élite y de la opinión pública.

El crítico antiglobalista apuntó que la élite considera necesarios dichos programas para proteger el país de posibles ataques terroristas. “Pero la idea de que nos protejan del terrorismo es una broma. La administración de Barack Obama está escalando la amenaza terrorista con su programa de drones, campaña que genera terrorismo. Si matas a alguien durante un ataque con drones, el poblado completo se convertirá en semillero potencial de terrorismo. Eso lo saben al nivel más alto. No es ningún secreto. Oficiales de alto rango lo han advertido. Así están generando terroristas, pero eso ya tiene tradición”, asevera aludiendo a la guerra de Irak.

Interrogado sobre si para México es un desafío particular su cercanía con Estados Unidos, Chomsky responde recordando que Estados Unidos se encuentra hoy día en la mitad del territorio mexicano, conquistado en la guerra más perversa de la historia moderna, según el presidente Ulysses S. Grant. Tomemos como ejemplo las muertes por drogas que están destrozando México. Decenas de miles de personas asesinadas y la demanda viene de Estados Unidos. También los suministros vienen de Estados Unidos. La mayoría de las armas.

Chomsky critica a Estados Unidos y Canadá, principales consumidores, que están llamados a impulsar un cambio en la política de drogas que haga a un lado la criminalización del consumo y centre la atención en el tratamiento de adicciones y prevención. Se sabe que ello es mucho más efectivo y la mayoría de los países de Latinoamérica están de acuerdo en que la guerra contra el narcotráfico no tiene nada que ver con el consumo de drogas y sí ha sido sumamente dañina para las naciones de tránsito. Estados Unidos y Canadá rechazan un cambio, pese a que son el origen del problema. En el caso de Estados Unidos, con el agraviante de que es el principal proveedor de armas.

Chomsky considera que la democracia ha progresado sustancialmente en América Latina, donde por vez primera en 500 años los países se están liberando de la dominación occidental.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/22/index.php?section=mundo&article=018n1mun

Herencia Maldita: “Todavía está gobernando Pinochet”

Entrevista con el abogado Roberto Garretón
Herencia maldita: “Todavía está gobernando Pinochet”
La Diaria, Montevideo
El abogado chileno Roberto Garretón, jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y actual integrante del consejo directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de su país, opinó, en dialogo con la diaria, que Michelle Bachelet “hizo las cosas mal” cuando fue presidenta entre 2006 y 2010, cosa que espera que cambie si la ex mandataria es reelecta en las elecciones de noviembre.

Garretón es católico, ex demócrata cristiano. Con el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende comenzó su larga carrera en defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Chile. Empezó en dictadura al frente del servicio jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, y ya en democracia fue embajador de Ricardo Lagos para los Derechos Humanos y ocupó varios cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue el autor del “informe de hecho”, presentado en 1999 ante la Cámara de los Lores de Reino Unido cuando Chile reclamaba la extradición del dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón. El informe de Garretón concluía que Pinochet no podía ser juzgado en Chile; lo llamó “informe de hecho” porque estimaba que “en derecho” se suponía que el ex gobernante de facto podía ser juzgado en su país.

Actualmente Garretón es miembro del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. A todo lo anterior este abogado de 71 años suma la militancia en colectivos y organizaciones: ocupa un cargo directivo en la Fundación Instituto de la Mujer y es director de la Corporación Harald Edelstam de Chile, entidad que homenajea al embajador sueco que, entre otros, ayudó a liberar a los uruguayos presos en el Estadio Nacional de Santiago después del golpe pinochetista.

El encuentro de la diaria con Garretón fue a la salida de una entrevista realizada en Radio Uruguay, antes de ir hasta el café Sportman, donde se realizó esta entrevista. Garretón, declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo en 2006, en esta ocasión viajó a Uruguay con motivo de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados que se celebró la semana pasada. Su viaje coincidió “por milagro”, dice, con la visita de Garzón, con quien participó, a pedido de la ex vicecanciller Belela Herrera, de la mesa redonda “El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, en el paraninfo de la Universidad de la República.

-¿Cómo ve la situación en su país respecto de los derechos humanos, a casi 40 años del golpe de Estado?

-Veo un cambio esencial. La diferencia es del cielo a la tierra, pero todo lo que se ha hecho sigue siendo muy poco. Leyes de reparación ha habido, aunque no son las ideales, son pensiones de gracia decentes pero no verdaderamente reparativas. Hay otros beneficios en materia de salud para los que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y sobrevivieron, hay algunas becas estudiantiles para hijos y nietos de ejecutados o descendientes de desaparecidos, algunas pensiones para quienes fueron despedidos de sus funciones, que perdieron su trabajo con el golpe, y para aquellos que fueron víctimas de prisión política y de tortura. El problema está en que la institucionalidad pinochetista no ha sufrido todas las modificaciones que nosotros quisiéramos. Seguimos con una Constitución inmoral.

-Precisamente le quería preguntar sobre ese tema.

-Yo pertenezco a un movimiento que reclama el cambio constitucional. La idea es, en el voto para las presidenciales, escribir en la papeleta las letras AC, de Asamblea Constituyente.

-¿Eso no significa anular el voto?

-La ley lo permite. Dice lo siguiente: son nulos solamente los votos que tienen más de una preferencia. Si yo voto por el candidato uno y el candidato dos, no se sabe para cuál de los dos es. Ése es nulo; todos los demás son válidos. Dice la ley expresamente: “Las cédulas que contengan, además de una sola preferencia, nombres, dibujos, garabatos, serán válidas”; podrán ser objetadas, pero son válidas. Ese movimiento lo fundé yo.

-¿Cómo se llama?

-En un momento se llamó Movimiento por una Asamblea Constituyente, pero no tiene un nombre fijo. Ahora lo tenemos más institucionalizado con la campaña Marcatuvoto [http://marcatuvoto.cl/]. Hoy en día no es exactamente el mismo movimiento que yo había fundado en 2001, pero sí ha tenido mucha importancia y están desesperados los pinochetistas, porque ven que si gana Bachelet y si todos marcamos el voto, quiere decir que habría mayoría para cambiar la Constitución.

-Hay quienes dudan de que eso pueda ocurrir, incluso con la Concertación en el gobierno. ¿Es posible una Asamblea Constituyente en Chile?

-Sí. El problema es que si no es por Asamblea Constituyente no podemos cambiar la Constitución, porque fue hecha para que no se modifique nunca, a menos que los pinochetistas estén de acuerdo.

-¿Cómo es eso?

-Para modificar las partes esenciales de la Constitución se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y dos tercios del Congreso (Cámara y Senado). ¿Cómo vas a lograr esos dos tercios si en cada distrito se eligen dos parlamentarios y en cada circunscripción senatorial se eligen dos senadores? Uno va a ser de la primera mayoría, otro de la segunda mayoría.

-Es decir que siempre hay uno del oficialismo y otro de la oposición.

-Resultado: para que tú saques los dos necesitas doblar al otro [candidato], necesitas 67% de los votos, y los terceros no existen. Entonces es imposible cambiarla. Tenemos que hacerlo por una vía no constitucional, y que nadie se escandalice: todas las asambleas constituyentes de la historia de la humanidad han sido rupturistas. Los fascistas quieren siempre identificar Asamblea Constituyente con [el ex presidente venezolano, Hugo] Chávez, con [el presidente boliviano, Evo] Morales y con [el presidente de Ecuador, Rafael] Correa. No se refieren a Brasil, a Paraguay, a Perú en 1979, a Colombia -una constitución espectacular, a pesar de que [Álvaro] Uribe trató de demolerla-. Para ellos sólo hay tres, y la Asamblea Constituyente es demagogia y caos. No es por ignorancia que lo hacen, es de mala fe, porque no les conviene.

-Más allá de lo simbólico: ¿qué es lo que contiene la Constitución que hace que haya que cambiarla?

-Primero, no representa la voluntad popular. Para que la voluntad popular se imponga tenés que poner dos tercios, eso no es respetar la voluntad popular. El derecho humano a la libre determinación de los pueblos, consagrado en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el único artículo común en los dos pactos dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Segundo, te da rabia que sea un texto de Pinochet. Tercero, hay además leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórum calificado que también requieren quórum alto, no dos tercios, pero alto. Por ejemplo, para suprimir el lucro de la educación necesitamos una ley orgánica constitucional con mayorías altas que hacen que si los fascistas votan en contra ya no va.

¿Qué tiene la Constitución sobre educación que habría que cambiar? ¿Eso podría responder a los reclamos estudiantiles?

-Los estudiantes han denunciado esto: establece en primer lugar la libertad de enseñar más que el derecho a la educación. Refuerza la libertad de fundar escuelas, y los pobres no pueden fundar escuelas. Ahí está uno de los principios. Se hizo una trampa una vez [durante el actual gobierno de Sebastián Piñera], porque era tan grave la protesta estudiantil que los fascistas decidieron ceder un poco. La ley orgánica de educación redactada por Pinochet no ha sido modificada porque no están dispuestos a tocarla. Cambiaron la ley general de educación, que es posible cambiar como una ley común, pero lo hicieron a gusto de los fascistas, porque si no, no la votan. Hay que entender: allí todavía está gobernando Pinochet.

-¿Por qué dice eso?

-Porque la Constitución hecha por él es la que guía tu vida. Es la que te concede los derechos. No concede el derecho al trabajo, habla de la “libertad de trabajo”, que es el derecho de fundar empresas. Es una Constitución…

-Muy liberal.

-En el peor sentido de la palabra. Porque yo también soy liberal [se ríe]. En lo económico seré poco liberal, pero soy liberal.

-La ex presidenta Michelle Bachelet es favorita para las elecciones de noviembre como candidata de la Concertación, opositora al actual gobierno conservador. ¿Cree que si asume para un nuevo mandato, esta vez va a haber un cambio drástico? Ya gobernó entre 2006 y 2010…

-Gobernó y lo hizo mal. Terminó cediendo muchas cosas al pinochetismo. Una práctica no democrática común a todos los gobiernos de la Concertación es buscar los consensos. Por ejemplo, yo gobierno y se me ocurre un proyecto de ley genial, lo anuncio, propongo que se discuta y los fascistas dicen: “Bueno, pero sin esto, sin esto y sin esto”. A la mierda el proyecto… Entonces el gobierno manda una porquería que se aprueba, y se celebra como triunfo lo que es una aplastante derrota.

-¿Me puede dar un ejemplo?

-El sistema de salud. Se creó un programa de salud que se llama AUGE [Acceso Universal de Garantías Explícitas]. Era un excelente proyecto que había propuesto [el ex presidente] Ricardo Lagos [2000-2006], que tenía un pilar solidario, es decir, que el Estado se iba a meter allí. Pero los pinochetistas dijeron: “No, el proyecto pero sin pilar solidario, sin que se meta el Estado”, y así se aprobó. El gobierno de Lagos celebró como un triunfo histórico una derrota terrible. Siempre buscan no perder. Eso no es democrático: los gobiernos tienen que jugar a ganar y si pierden, que pague el otro. Espero que la lección se aprenda, que si queremos un proyecto así, que sea así o nada, y que sean ellos los culpables si no se aprueba.

-¿Cree que es posible que la derecha gane las próximas elecciones en Chile?

-No creo. Están con un tono agresivo digno de la mejor época de Pinochet, y son pinochetistas aunque digan que no lo son. [El actual presidente conservador, Sebastián] Piñera, que siempre anda diciendo que votó por el No en el referéndum [en el año 1980] para prorrogar el mandato de Pinochet [en el que ganó el Sí], es un pinochetista puro. Lo acaba de reconocer sin darse cuenta.

-¿Qué dijo?

-Dijo que durante el gobierno del “presidente” Pinochet (primera cosa que no aceptamos) “hubo cosas buenas y cosas malas”. ¿Té puedes decir que Hitler hizo cosas buenas y cosas malas? Todos los gobiernos hicieron alguna cosa buena, o dos (para que sea en plural), pero eso no es forma de hablar de un gobierno. Evaluar así a la dictadura de Pinochet es estar de acuerdo con lo que hizo.

-Un tema candente en Chile respecto de los derechos humanos es el de los indígenas mapuches que llevaron ahora su causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve esa situación?

-El caso de la Corte no lo he seguido mucho. Pero el caso del movimiento mapuche lo trataron muy mal los gobiernos de la Concertación y mucho peor Piñera. El problema está en que los gobiernos de la Concertación hacían mucho amiguismo y aplicaban cuotas de partido, entonces nadie que conozca el drama de los pueblos mapuches intervino para buscar alianzas o acuerdos con ellos. Ahora hay unas iniciativas que se han desarrollado, impulsadas por la Iglesia Católica, con las que algo se avanza, pero muy poco. El gobierno no entiende. Son territorios que ellos [los mapuches] reclaman como propios, pero como son muy buenos negocios, es lo único que ven. Es una posición inaceptable y la Concertación tampoco hizo mucho más.

-¿Cree que no hará mucho más en un eventual próximo gobierno?

-Yo creo que sí, que va a hacer más. El problema es que la crítica que hay sobre el tema es de la izquierda más dura. Espero que Michelle entienda que esa izquierda más dura era partidaria de ella hace cinco años y que también tiene que escucharla y entender los problemas que plantea. Esa izquierda ahora está haciendo una campaña en contra de Piñera, de la Constitución, de Bachelet y de todo, más que otra cosa. Además, no van a votar y no van a lograr inscribir a sus candidatos porque no tienen el número de firmas necesario. Entre Gustavo Ruz [uno de los líderes del movimiento a favor de la Asamblea Constituyente] y Marcel Claude [actual precandidato por el Partido Humanista] llegarán a 10.000 votos en el país y les da lo mismo que gane un pinochetista o que gane Bachelet: dicen que es todo lo mismo, que son las dos derechas.

-¿La población chilena tiene simpatía con la causa mapuche?

-Cada día más. Las encuestas han dado que 75% de los chilenos está a favor de satisfacer las demandas mapuches.

-Eso puede tener su peso también para un próximo gobierno.

-Claro. Pero los mapuches no reconocen que la sociedad chilena no mapuche los apoya en su mayoría.

-Otro tema gira en torno a un proyecto de ley sobre la protección a carabineros y policías, firmado por el presidente Piñera a fines de mayo y que considera delito el insulto a un carabinero.

-Durante la dictadura había leyes de Justicia Militar que contemplaban con sanciones muy altas la ofensa a las Fuerzas Armadas, agresiones de hecho o de palabra. Agresión de hecho es resistirse a la detención. Yo mismo fui preso y procesado por ofensa a las Fuuerzas Armadas, por un artículo sobre la Justicia Militar que escribí en una revista de los jesuitas. La Justicia Militar me sometió a proceso y me condenó en primera instancia a un año y medio de cárcel. Cuando volvió la democracia se modificaron esas leyes que estaban en el Código de Justicia Militar, las leyes especiales. Se estableció que a los civiles los juzgan los civiles y se bajó la penalidad del delito de ofensa a las Fuerzas Armadas.

-¿Qué es lo que se quiere hacer ahora?

-Se quiere hacer exactamente lo que se deshizo: Piñera lo quiere volver a instalar. Es muy siniestro. Si quieren hacer eso, perfecto, pero entonces si un carabinero me agrede a mí, que tenga la misma pena, y más alta, porque tiene más responsabilidad que yo.

-Siguiendo en el ámbito de la Justicia, ¿cómo ve el avance de los casos por los crímenes de la dictadura en su país?

-Hay progresos muy importantes. Hasta el 16 de octubre de 1998 no se había hecho nada. Había condenas en dos juicios solamente. En uno de los casos, porque el asesinato se había cometido en Washington y eso no se hace, por lo que Estados Unidos presionó y hubo justicia. Es el caso de Orlando Letelier, que fue canciller de Allende, asesinado en Washington por la Dina [Dirección Nacional de Inteligencia de la dictadura]; condenaron a los culpables a siete años, pero los condenaron. Después hubo un par de procesos más, por el asesinato de un compañero nuestro de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada [es el caso conocido como “los degollados” de 1985, cuando murieron del mismo modo también dos integrantes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, el pintor Santiago Esteban Nattino Allende y el profesor Manuel Leonidas Guerrero Ceballos]. Pero desde el 16 de octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres, los jueces chilenos comenzaron a tomar todos los argumentos que nosotros estábamos invocando desde 1973 y que habían rechazado hasta entonces. En ese momento todo cambió y 80% de los jueces que tenían competencia en estas cosas comenzaron a procesar y a condenar. Entre procesados y condenados hay cerca de 800 militares y dos civiles.

-O sea que está faltando investigar a los civiles.

-Están faltando los civiles, los hipócritas digamos, porque los militares fueron menos hipócritas. Así que son unos 800. Manuel Contreras [ex jefe de la Dina] está condenado por 20 o 25 juicios a unos 300 años de cárcel, pero las penas son bajas. No es como en Argentina, donde hay muchos menos procesados, pero casi todos condenados a perpetua o a 30 años. Lo de Manuel Contreras es porque se trata de una veintena de causas, pero en cada una son diez o 15 años. No es lo mismo. Hay muchos procesos abiertos todavía. Los jueces hicieron algunas trampas para bajar las penas.

-Se les aplicaban reducciones de penas.

-Claro. Pero eso ya no lo están aplicando, las penas volvieron a subir y se dejaron de aplicar las atenuantes. Pero fíjate que en este momento hay entre 1.000 y 1.100 causas por violación de los derechos humanos, entre los casos cerrados y abiertos. Las víctimas son 5.000, es un porcentaje muy alto de causas que se están siguiendo, mucho más que el porcentaje argentino.

-Son las víctimas que apelaron a la Justicia, puede haber gente que no presentó denuncia.

-Casi todas se presentaron. En Chile pasó una cosa fantástica durante la dictadura. Tiene que ver con el rol de las iglesias católica, luterana, metodista, metodista pentecostal, bautista, ortodoxa y el Gran Rabinato de Chile; todas juntas formaron el Comité de Cooperación para la Paz [también conocido como Comité Pro Paz]. La Vicaría de la Solidaridad viene después y es sólo de la Iglesia Católica. Este organismo, el comité, comienza a funcionar el 6 de octubre [1973]: vamos a celebrar también 40 años de la defensa de los derechos humanos en Chile. Veinticinco días después del golpe de Estado, estas iglesias, que en milenios no se han hablado, hicieron esto. Pero al final, todas estaban llenas de problemas internos, porque también había pinochetistas dentro de ellas. Además se produjo un incidente muy fuerte: Pinochet le dijo al cardenal Raúl Silva Henríquez que disolvía el comité. Fue un alivio para él, porque estaban todas las iglesias conflictuadas por dentro. Pero dijo: “Nadie me puede impedir que yo siga defendiendo los derechos humanos de las personas perseguidas”, y entonces fundó la Vicaría de la Solidaridad dentro de la Iglesia de Santiago. Ahí había abogados comunistas, asistentes sociales socialistas, masones, judíos, de todo. Las dos cosas fueron hechos fantásticos.

-¿Usted es católico?

-Soy católico, pero crítico de muchas cosas. En Argentina no fueron capaces de hacer ni eso ni nada. En Chile se dio esa circunstancia gracias a la figura providencial del cardenal. Entonces la gente supo que tenía dónde protestar y las colas [de gente que iba a denunciar abusos] a veces eran enormes. A eso se une otra cosa: la personalidad de Salvador Allende como líder. Tenía apoyo de gran parte de los países del mundo por ser un demócrata que quería instalar un régimen socialista pero con pleno respeto a los derechos democráticos. Eso hacía que fuera un personaje fascinante en todo el mundo y su autoeliminación (y yo creo que es eso) fue un signo aun mayor de coraje. Eso hizo que se le brindara mucha ayuda a Chile. Pinochet decía que era el oro de Moscú. ¡No! Era ayuda de Estados Unidos.

-¿De Estados Unidos?

-No del gobierno. De organizaciones, de fundaciones, de iglesias estadounidenses, protestantes en la mayoría, católicas, pero también de toda Europa. Esa ayuda no la recibió ni Argentina ni Uruguay, sí hubo algo con Brasil, nada con Bolivia. Además, el día del golpe de Estado todo el exilio latinoamericano estaba en Chile o en México. Pero era más fascinante para un socialista participar en la construcción de un régimen socialista democrático, entonces la inmensa mayoría estaba en Chile, donde fueron muy perseguidos.

-¿Usted era allendista?

-Yo era opositor a Allende hasta el día del golpe. Desde ese día soy allendista. Yo era demócrata cristiano, pero ahora no. Ahora estoy bastante más a la izquierda de la propia Unidad Popular [la coalición por la que fue elegido Allende].

Fuente: http://ladiaria.com.uy/

Punto Final – Cómo se gestó el golpe militar de 1973

Cómo se gesto el Golpe de 1973

El momento del viraje hacia la dictadura popular

 

Punto Final

El texto que se publica en estas páginas corresponde al Nº 186 de “Punto Final” (19 de junio de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org

 

La situación política ha producido una coincidencia de hecho en los planteamientos que formulan diversos partidos de Izquierda. El PS, MIR, MAPU e Izquierda Cristiana, por ejemplo, en pronunciamientos públicos emitidos en días recientes apuntan -en líneas esenciales- en una misma dirección. Sostienen, por ejemplo, que la oposición reaccionaria ha conseguido cerrar uno a uno los “resquicios legales” que daban verosimilitud a la “vía chilena” hacia el socialismo. Añaden que hay una convergencia entre los sectores opositores destinada a provocar -en forma más o menos rápida- una crisis definitiva. Para el secretario general socialista, Carlos Altamirano, por ejemplo, el Partido Nacional busca el golpe inmediato, mientras el Demócrata Cristiano prepara condiciones para agosto o septiembre.

Otra cuestión abordada de manera muy parecida por los partidos de Izquierda es lo que se refiere a la manera de encarar el peligro de una guerra civil. Expresan coincidencia en cuanto a que ese riesgo -corolario de una lucha de clases llevada a sus últimas consecuencias-, no será conjurado sino a través de la movilización revolucionaria de las masas, ganando -por así decirlo- la guerra antes que ella se desate, o por último en el curso del enfrentamiento. Finalmente, esos partidos de Izquierda coinciden en que el método correcto es desarrollar el poder revolucionario (o poder popular) a través de organizaciones como los Comandos Comunales de Trabajadores, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc.

Para el Partido Comunista “el peligro es tan evidente y próximo que no admite actitudes contemplativas ni indiferentes” ( El Siglo , 10-VI-73).

 

EL ARMA INSTITUCIONAL

PF ha venido analizando en sucesivas ediciones el empleo a fondo que hace la burguesía de los instrumentos estatales que controla: Parlamento, Tribunales de Justicia y Contraloría. El primero destituyó a tres ministros y algunos intendentes en los últimos días, aprobando además dos reformas constitucionales que impiden al programa de la Unidad Popular avanzar en el terreno industrial y agrario. Los Tribunales desconocieron toda autoridad del gobierno para meter en cintura los desbordes de las radios de oposición y, de paso, declararon reo y están sometiendo a proceso a otro ministro. La Contraloría, por su parte, continuó emitiendo dictámenes para obligar a devolver industrias requisadas.

Dentro de este cuadro parece un hecho que la Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa (“iniciar la construcción del socialismo”) si sigue apegada a las normas del “Estado de derecho” de la burguesía.

El asunto de quién rompe primero la legalidad actual -si el gobierno o la oposición- aparece ahora como un sofisticado problema ético que la propia acción opositora, desde sus bastiones en la institucionalidad, se ha encargado de enervar. El quid de la cuestión es más bien una relación de fuerzas que un problema jurídico. Tener “la razón constitucional” -a estas alturas- no allegará a ninguno de los bandos más recursos humanos y materiales que los que ya disponen. No se está librando una disputa legal en procura del veredicto de un tribunal imparcial. Se está desarrollando una lucha de clases que tiene como fin el dominio de una clase por otra, la subordinación de una a otra clase, el reemplazo de una dictadura por otra. Ese es ni más ni menos el asunto en juego. Ni la burguesía, ni el proletariado, van a detener su lucha -aquélla por recuperar el gobierno y éste por conquistar el poder- por un “quítame allá estas pajas” más o menos legal.

Parece también ilusorio que simples argumentos jurídicos y constitucionales -que sirven sólo para malabarismos en la superestructura- vayan a inclinar el conjunto de las fuerzas armadas hacia uno u otro campo. Es un hecho que ellas, factor determinante en el problema, tendrán que entrar en la correlación de fuerzas que establece la lucha de clases. En ese terreno la línea divisoria no pasa por los Tribunales, la Contraloría o los debates parlamentarios, sino por la mayor o menor capacidad dirigente, la coherencia ideológica, firmeza de propósitos y homogeneidad de mando que muestren las clases en pugna. El núcleo más importante de las fuerzas armadas, seguramente, será arrastrado hacia el polo social y político más enérgico y activo, operando en el seno de ellas las mismas contradicciones de clase que tienen lugar en el resto de la sociedad.

 

LA VIA DEL GOLPE

La envoltura jurídica del conflicto social sólo tiene ahora cierto grado de significación para la burguesía. No hay duda que al sector más esclarecido de ella -como lo hemos venido sosteniendo en PF- le seduce la idea de una “vía chilena hacia el golpe”. Se trata -como hemos dicho varias veces- de llevar al gobierno del presidente Allende al desplome. Producir su “muerte natural” para que incluso la intervención de las fuerzas armadas, necesariamente inconstitucional e insólita en los últimos cuarenta años, aparezca como un remedio necesario y transitorio para una situación de caos.

En ese sentido la burguesía quiere usar a las fuerzas armadas como un gendarme de sus intereses. Pero tratando de evitar que el verdadero control político se escape de sus manos. En los cálculos de la burguesía, seguramente, es un factor inquietante pensar que sus públicos llamados a la intervención de las fuerzas armadas se traduzca en un largo periodo de dictadura militar. La “vía chilena al golpe”, por lo tanto, tiene que operar con los agentes políticos, judiciales y administrativos de la burguesía encaramados sobre las espaldas de las fuerzas armadas. El papel de éstas se limitaría al de agente represivo del pueblo y del movimiento obrero por cuenta de los burgueses y del imperialismo. Es muy difícil, claro está, que el conjunto de las fuerzas armadas acceda a jugar ese rol.

Otra faceta de esta “vía chilena” hacia la restauración plena del capitalismo -hasta ahora levemente tocado en el país-, es amarrar de pies y manos al gobierno de la Unidad Popular, “perdonándole” la vida hasta 1976, y aprovechando el inevitable deterioro económico de una situación ambigua como la actual para tratar de dividir a la clase trabajadora. Es la línea básica seguida por la Democracia Cristiana, desde el “estatuto de garantías constitucionales” de 1970, hasta las reformas de la Constitución introducidas por sus senadores en los aspectos que atañen a la propiedad industrial y agraria. Todo ello secundado por el impulso organizado a la “oposición desde la base”, que es el plan más siniestro urdido por la burguesía y el imperialismo para tratar de dividir al movimiento obrero.

 

EL FRACASO DE UNA LINEA

No obstante, el gobierno no puede aceptar quedar aprisionado en la jaula de acero que le fabrica un sector de la burguesía agitando el caramelo de una “tregua” hasta 1976. Ello significaría el quiebre de la Unidad Popular y por lo tanto, un debilitamiento mayor del gobierno, dejándolo a merced de su enemigo. Por otra parte, ya pasó la coyuntura de un eventual entendimiento con un sector de la burguesía, concretamente con aquel representado políticamente por la Democracia Cristiana.

La tesis que dentro de la UP propugnaba ese entendimiento ha perdido toda vigencia y se ha demostrado, en los hechos, el fracaso del socialismo reformista. El PC parece venir de regreso de esa línea equivocada, lo cual es un síntoma muy alentador para la necesaria unidad del movimiento obrero. Pero la aplicación de la política aprobada por la UP en Lo Curro, debilitó en forma considerable el proceso y es uno de los factores que más pesan hoy, a la hora de medir las fuerzas ante “el peligro evidente y próximo”.

Un balance de la situación del área de propiedad social, hecho por el actual vicepresidente de la Corporación de Fomento, Pedro Vuskovic, señala: “Resta mucho por hacer para culminar los planteamientos programáticos del gobierno sobre esta materia. Las áreas de propiedad mixta distan aún de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida. Si sólo se considera la industria manufacturera, de un total de 36.220 empresas existentes, 165 pertenecen a las áreas social y mixta y otras 120 están requisadas o intervenidas. El conjunto de la producción de estas empresas del área social y las que están requisadas o intervenidas representan aproximadamente un 22 por ciento del producto industrial y un porcentaje todavía menor de la ocupación en el sector industrial (19 por ciento). De las 93 empresas industriales que el gobierno ha reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las áreas social y mixta, en la actualidad sólo ocho pertenecen a ella, mientras que 48 están requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y control privado” ( Ultima Hora , 7-VI-73). El análisis de Vuskovic agrega que en determinadas ramas industriales, como cuero y calzado por ejemplo, las áreas social y mixta “siguen siendo inexistentes”. Son estas razones, anota con exactitud, “las que hacen difícil el desarrollo planificado de la economía”.

La franqueza de Vuskovic provocó un insólito ataque personal del diario Puro Chile y una declaración de solidaridad con el afectado de la comisión política del Partido Socialista, partido al que pertenece.

 

NECESIDAD DE ROMPER EL CASCARON INSTITUCIONAL

Es evidente que la clase obrera ha avanzado poco sobre los auténticos centros de poder (el área social sólo representa el 22 por ciento del producto industrial y el 19 por ciento de la ocupación del sector). A la vez es cierto que los agentes políticos de la burguesía, apoyados en la institucionalidad y en la propaganda y en organizaciones abiertas y legales, han caminado un largo trecho hacia su meta.

Pero también es un hecho que a pesar de las debilidades mostradas por la Unidad Popular, la conciencia revolucionaria de las masas ha crecido en apreciable medida. La actitud de la clase trabajadora en el paro de octubre de 1972, luego su rechazo al llamado ‘’proyecto Millas” y el casi 44 por ciento volcado a la Izquierda en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, son indicios claros.

Lo mismo puede decirse del ánimo que lleva a sectores de vanguardia a realizar los “prodigios de organización proletaria” que se traducen en los Comandos Comunales, los Cordones Industriales, el abastecimiento directo, las JAP, etc. No hay que equivocarse: es la propia masa la que busca crear un poder revolucionario que sustituya al poder burgués. Por eso la actitud de repliegue, atinando sólo a tratar de disuadir a la burguesía para que no acuda al recurso extremo de la guerra civil, no corresponde exactamente al estado de ánimo de las masas.

Algunos partidos de la Izquierda han interpretado correctamente la situación, exigiendo al gobierno que adopte medidas enérgicas y ejemplarizadoras. El propio secretario general de la CUT, Manuel Dinamarca, reprochó en un mitin realizado en la Plaza de la Constitución la blandura que llevó a levantar la clausura de una radioemisora golpista.

Lenin observaba que “el entusiasmo revolucionario de la clase avanzada puede mucho cuando la situación objetiva exige de todo el pueblo la adopción de medidas extremas… Lo importante es comprender que en tiempos de revolución, la situación objetiva cambia tan rápida y bruscamente como corre la vida en general”. En el caso chileno todo se aproxima a esa apreciación leninista.

La fuerza del pueblo no utilizada -y que se desgasta en la medida que los problemas sin solución y la propaganda enemiga van erosionándola- es todavía muy grande. Pero cada vez se aproxima el instante del “demasiado tarde”, cuando ya no hay caso de revertir la situación en favor de los trabajadores.

“La historia enseña -dijo Fidel Castro el pasado 1° de mayo- que cuando los pueblos están decididos a defender sus derechos, cuando los pueblos siguen un camino firmemente, no hay poderío ni hay fuerza que sea capaz de apartarlos de ese camino”. La Revolución Cubana no tiene por qué ser una excepción que el pueblo chileno no pueda igualar y aún superar. Pero, sin vuelta de hoja, se ha llegado a una situación que plantea medidas extremas. En este caso, romper el cascarón de la institucionalidad burguesa es   una cuestión de vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar formas relativamente pacíficas de transición al socialismo.

Los “brotes” de socialismo que han despuntado en los Comandos Comunales y Consejos Campesinos deben ser activamente estimulados para que crezca el poder revolucionario. Ganar a los soldados para la causa de la clase trabajadora, dándoles participación en los órganos de poder popular, es una tarea de singular prioridad. Comenzar a ejercer formas de dictadura popular es la única posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario de las masas. Asegurar en la base la unidad de todos los sectores que quieren el socialismo, aboliendo las prácticas sectarias, es un requisito indispensable en esta tarea. Poner bajo dirección y control obrero a toda la producción y distribución, consolidando el predominio absoluto del área social, es el único modo de planificar y distribuir en resguardo del interés popular.

 

DIRECCION DE CLASE

Poner bajo dirección proletaria la organización social del trabajo, requiere un cierto grado de violencia. Pero ésta será menor, en nuestro caso, en la medida que se logre crear desde ya un poder revolucionario suficientemente fuerte y eficaz.

Está meridianamente claro que persistir en la dirección que desea la burguesía, o sea ciñéndose al esquema institucional creado por ella, conduce directamente al desastre.

Determinados sectores de Izquierda agitan con fuerza el inminente peligro de una guerra civil. Pero no complementan esa actividad con desplazamientos que podrían debilitar ahora al enemigo, antes que entre en acción. Antes bien, se crea una imagen en que toda acción de las masas organizadas para crear poder revolucionario aparece como una provocación a la guerra civil. La debilidad que trae aparejada esa campaña debe ser contrarrestada para evitar que se convierta en un arma de doble filo.

Los sectores opositores, cuya agresividad se ve estimulada por la propaganda burguesa, han llegado a un nivel de enardecimiento en que cualquier salida, incluso la guerra civil, les parece buena con tal de derrocar al gobierno de la UP. De modo que a esos sectores la campaña contra la guerra civil no les hará mella. En cambio los sectores populares, aliados del proletariado en un proyecto revolucionario, pueden ser confundidos por esa campaña si no se le da un contenido de clase bien preciso, tendiente a organizar a las masas en nuevos términos. Nos referimos a la necesidad de organizarse en el marco que exige la nueva realidad: para librar un combate por el poder.

La situación actual no puede, ni con mucho, calificarse de “normal”. O sea, no bastan las organizaciones habituales. Hoy son necesarios organismos como los Comandos Comunales, donde el proletariado pueda ganar la conducción de todos los trabajadores y de todos los explotados. Nuestro pueblo puede ejercer con sabiduría y firmeza una dictadura de clase que oriente el proceso de construcción socialista. La clase trabajadora chilena ha demostrado un nivel de madurez muy alto. Su disciplina le ha permitido afrontar -y sigue haciéndolo- problemas graves que siguen creciendo porque no se aplican medidas extremas como las que reclama la clase obrera. Todo ello hace que tenga perfecto derecho a tomar directamente en sus manos los órganos del poder del Estado, apoyando su fuerza en el poder revolucionario de sus organizaciones.

 

MANUEL CABIESES DONOSO

 

 

 

Editorial de PF 186

Hay que dar una buena respuesta al Congreso

 

Un Congreso Pleno, que no lo fue tanto ya que de él se retiraron todos los parlamentarios de Izquierda, aprobó hace una semana una reforma constitucional que prácticamente desbarató todas las conquistas que en el proceso agrario habían ganado los campesinos. Fue otra de las “gracias” montadas por la oposición, que tiene mayoría en las dos ramas del Parlamento, para seguir en su obstrucción al gobierno y en su afán de frenar la evolución económica y social que se ha intensificado en el país desde el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970.

Ya a este Congreso no le han bastado las acusaciones a ministros e intendentes, ni tampoco las verdaderas agresiones de que ha hecho víctima a la clase trabajadora al negarse a legislar sobre el delito económico, para detener la especulación y el mercado negro desatado contra ella, y al obstaculizar el despacho de un justo reajuste de sus ingresos. Ahora, ha remarcado más aún su carácter de clase y se ha volcado totalmente en la defensa de los intereses de los latifundistas, perjudicando todo cuanto habían adquirido los campesinos a través de la aceleración que el gobierno popular había impreso a una reforma agraria retardada por la administración anterior.

Esta actitud refleja la desatada disposición de impedir por todos los medios a su alcance los cambios que exigen los trabajadores. Nada detiene a la mayoría opositora, ni siquiera la propia Constitución, que en el asunto de las acusaciones ministeriales ha violado repetidamente. Esa prepotencia aparece avalada además por otra que paralelamente ha surgido de los Tribunales de Justicia, coludidos abiertamente con la oposición.

Una acción de este tipo está pidiendo a gritos una respuesta consecuente. Para darla, el gobierno dispone del amplio respaldo de la clase trabajadora que ha sabido crearse órganos de poder que, como los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, las JAP y sus organizaciones de base, ven en el Congreso el freno insolente de todas sus conquistas y el obstáculo para el camino al socialismo. Es de allí de donde surge la petición de que se marche, sin compromisos, hacia un régimen donde el pueblo diga e imponga su palabra, una real dictadura popular que coloque el tapabocas que se merece esta corporación que lesiona sus intereses.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 783, 14 de junio, 2013

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