El Frente Amplio y la segunda vuelta

El Frente Amplio y la segunda vuelta

En casi tres décadas la transición frustrada pone en el tapete el verdadero significado de las izquierdas y derechas en el espectro político chileno. Los tres tercios se acabaron con el golpe de 1973 y nunca más se rearmaron como clave para entender la política chilena.

Fue un ambiente donde los derechistas que habían propiciado el golpe y que escuchaban las directivas del Departamento de Estado entendieron que Pinochet (no el pinochetismo) era inviable para que llegaran inversiones extranjeras. Un repudio internacional hacía inmanejable la situación desde Chile. La privatización del cobre llegó con la Concertación. En 1990, cuando se inauguraron los gobiernos democráticos, Codelco concentraba 70 % de las ventas del mineral. Diez años más tarde la situación se había invertido: el 70 % de las ventas correspondía a las mineras privadas.

La Concertación (1990-2010), de manos de la socialdemocracia, gobernó en un ambiente de consensos. Estrategia que de manera gruesa se reproduce en la Nueva Mayoría de Bachelet (2014-2018) y el interregno de Piñera (2010-2014). Así como lo quiso Jaime Guzmán, esta Santa Alianza de izquierdas y derechas admite todas las reformas siempre que estas tengan lugar dentro de los consensos del binominal y la institucionalidad regidos por la Constitución de 1980.

Sobre esta piedra fundacional, que ha dado gobernabilidad a las convicciones socialdemócratas de las izquierdas y derechas del espectro político chileno, se consolidó el sistema de fondos de pensiones (AFP), la salud (Isapres), la educación, el medio ambiente, las inversiones en lo que en virtud de la concesión plena minera se considera como propiedad privada; en fin se glorificó la administración del dinero, la deuda y la caridad pública (Teletón) como opción al combate contra la desigualdad. Es la razón de fondo por la cual en casi tres décadas nunca hubo transición.

En las recientes elecciones con un padrón electoral de 14.347.258 ciudadanos, participó un 46,7 % es decir, 6.699.627. En segunda vuelta el desafío y el éxito será para quien logre movilizar parte importante del el 53,3 % restante es decir, más de 7 millones de votantes potenciales, autodefinidos como no participantes de un proceso que no les concierne.

Este telón de fondo explica el surgimiento del Frente Amplio. Lo cual no es un fenómeno repentino. Es algo que se viene fraguando al calor de los movimientos sociales al menos desde hace 10 años. El 20 % obtenido por el Frente Amplio en las elecciones del 19 de noviembre hace posible de manera general, el advenimiento de los movimientos sociales a la política del Congreso.

Es aún muy temprano para saberlo pero es probable que el 20 % del Frente Amplio haya sido la traducción en política de los movimientos sociales y estudiantiles de los últimos 20 años. Fuerza social al margen de los consensos del poder político.

Se constituye además como fuerza política, aunque no hegemónica, por la Asamblea Constituyente, la educación pública gratuita; NO + AFP y consagración del sistema de reparto; rescate de los deudores habitacionales y de la deuda histórica de los profesores; fin del CAE; por reivindicaciones del sector público; movimientos autonómicos; el medio ambiente; matrimonio igualitario, etcétera.

En el futuro su potencial de expansión se encuentra entre aquellos que se abstuvieron en primera vuelta. Es sobre ese margen que se definirá la segunda vuelta del 17 de diciembre.

La práctica política de los movimientos sociales en el último tiempo dio al traste con la hegemonía de los dirigentes de los partidos de afuera. Eso ya no funciona. Tampoco parece aceptable que los Bienes Públicos como la educación, las pensiones, la salud, la ecología (el emblemático Hidroaysén entre muchos otros), sean objeto de un precio de mercado. Pues, la reivindicación de dichos bienes representa la valorización social del trabajo, sea esta al nivel de la unidad productiva o en su defecto como política de Estado.

La valorización social del trabajo desencadena dinámicas insospechadas de transición. Más aún, es posible pensar en el futuro en un trasvase de parte del sector social capturado por la vieja política a posiciones de izquierda que hoy aparecen bajo el alero del Frente Amplio. Esto podría ser la oportunidad para que se viabilicen las primeras propuestas para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.

 

Estas cuestiones de fondo permiten entender el emplazamiento que realiza el Frente Amplio al ala izquierda del Conglomerado socialdemócrata y su candidato Guillier. Si dicha ala pugna por los votos del Frente Amplio deberá entender que lo que está en juego es un programa. Corresponde a la Nueva Mayoría probar su voluntad de transitar hacia una nueva política y por tanto obtener de esa manera la votación que obtuvo el 19 de noviembre el Frente Amplio.

Es una realidad que cualquiera de las tendencias del Conglomerado en caso de ser elegida no tendrá mayoría en el Congreso. Por otra parte, el Frente Amplio tampoco cuenta con los 2/3 o los 3/5 necesarios para las grandes reformas que proclama. El impasse queda en manos de la dinámica que le impriman al proceso político los movimientos sociales y el eco que esta tenga en el Congreso. El tercer factor, para el caso que resulte elegido, corre de cuentas de Guillier. Su pronunciamiento por una nueva Constitución y la Asamblea Constituyente constituyen el eje del proceso político que se abre a partir de marzo de 2018. Entendemos con ello un plebiscito sobre lo que llamamos los Principios Constitucionales, diez o quince, para luego en base a lo aprobado remitirlo a una Asamblea Constituyente.

Desde ya se inaugura la política según la dinámica que le imprimen los movimientos sociales. Esperemos que el Frente Amplio sepa leer el mensaje.

El tiempo dirá si estuvieron o no a la altura de la tarea.

La deuda ha jugado un papel determinante en la historia

La deuda ha jugado un papel determinante en la historia

En toda una serie de acontecimientos históricos mayores, la deuda soberana era un elemento determinante. Fue el caso, a partir de comienzos del siglo XIX, en los Estados que luchaban por su independencia, en América latina desde México a Argentina, o Grecia. Para financiar la guerra de la independencia, esos países nacientes contrajeron préstamos con los banqueros de Londres en condiciones leoninas, que les condujeron en realidad a un nuevo ciclo de subordinación.

Otros Estados perdieron completamente, de forma oficial, su soberanía. Túnez tenía una autonomía relativa en el Imperio otomano, pero se había endeudado con los banqueros de París. Claramente, utilizando el arma de la deuda, Francia justificó su puesta bajo su tutela, y su colonización. Diez años más tarde, en 1882, Egipto perdió también su independencia, primero ocupado por Gran Bretaña que quería recobrar las deudas contraídas por el país con los bancos ingleses, antes de ser transformado en colonia.

No se trata de un complot global y sistemático. Cuando los republicanos independentistas griegos y latinoamericanos acudieron a Londres para tomar prestados fondos, lo que iba a ocurrir luego no estaba previsto por la monarquía británica. Pero las grandes potencias percibieron muy rápidamente el interés que podían tener en el endeudamiento exterior de un país para justificar una intervención militar y una puesta bajo tutela, en una época en la que estaba permitido hacer la guerra para recuperar una deuda. 

La crisis de la deuda griega del siglo XIX presenta similitudes con la crisis actual

Los problemas comenzaron como consecuencia de la primera gran crisis bancaria internacional, que estalló en Londres en diciembre de 1825. Los bancos, debilitados, no quisieron seguir prestando, igual que tras la crisis de Lehman Brothers en 2008. Los Estados nacientes como Grecia habían tomado prestado en condiciones tan abusivas, y los montantes percibidos eran tan bajos en relación a los montantes realmente tomados prestados, que eran incapaces de devolver sus créditos sin nuevos préstamos. Cuando los bancos dejaron de prestar, Grecia no fue ya capaz de refinanciar su deuda. Sus reembolsos se interrumpieron en 1827.

Es ahí donde el “sistema deuda” se parece al de hoy: las monarquías francesa, británica y el zar de Rusia -la “Troika”- se pusieron de acuerdo en conceder un préstamo a Grecia y le permitieron nacer como Estado independiente, lo que les vino bien, pues desestabilizaba al Imperio otomano. A cambio, firmaron en 1832 un “convenio sobre la soberanía de Grecia”. Creaba en Grecia una monarquía, cuando los independentistas querían una República. El rey elegido, Otón I, era un príncipe bávaro de 15 años, que no hablaba griego y jamás había puesto sus pies en Grecia. El documento estipula que esta monarquía tenía como deber consagrar prioritariamente en su presupuesto el reembolso de una deuda contraída con las tres potencias, vía el banco Rothschild de Paris, a fin de reembolsar a los banqueros londinenses. Los gastos asumidos por la troika para instalar esta monarquía, con el reclutamiento de 3500 mercenarios bávaros para hacer una guerra “de independencia”, debían también ser reembolsados por Grecia.

Muestro así que a comienzos del siglo XIX, solo el 20% del montante prestado a Grecia llegó efectivamente a Grecia. El resto fue a las comisiones cobradas por el banco Rothschild, al pago de los mercenarios, a sus gastos de desplazamiento a Grecia y a otros gastos para la instalación de la monarquía.

Luego Grecia vivió en una situación de subordinación permanente. Cayó en ella de forma aún más fuerte a partir de 2010. De nuevo, se reunieron poderes públicos para recaudar fondos que sirvieran para reembolsar a los acreedores privados. En este caso, los bancos franceses, alemanes, belgas y holandeses.

La historia muestra igualmente una especie de alianza objetiva entre las clases dominantes de los países endeudados y los Estados prestamistas

No podemos comprender la historia del sistema sin considerar el papel de la clase dominante local. Esta empuja a las autoridades a pedir prestado en el interior y en el extranjero, pues el préstamo contribuye a que los impuestos, que pesan sobre la burguesía, no sean elevados. Se comporta también como rentista, invirtiendo ella misma en los bonos de Estado emitidos por su país.

Cuando el régimen del liberal-demócrata mexicano Benito Juárez repudió una parte de las deudas contraídas anteriormente por los conservadores, algunos burgueses demandaron la naturalización francesa, a fin de que Francia interviniera militarmente para derrocarle, en nombre del reembolso a sus ciudadanos.

Sigue ocurriendo hoy. A finales de 2001, cuando Argentina suspendió el pago de su deuda, la burguesía argentina se ofuscó, porque una gran parte de la deuda emitida por Wall Street estaba en manos de capitalistas argentinos.

La noción de deuda “odiosa”, nacida en los años 1920, no provenía de la izquierda, de aquellas personas a las que hoy llamamos “altermundialistas”. ¿De dónde viene?

Durante el siglo XIX, hay una serie de repudios de la deuda. En particular en los Estados Unidos. En 1830, cuatro Estados de los Estados Unidos se ven afectados por disturbios sociales que derrocan a sus gobiernos corrompidos y repudian la deuda que éstos habían contraído con banqueros corruptos. Los proyectos de infraestructuras que supuestamente debía financiar no fueron realizados a causa de la corrupción.

En 1865, cuando los “nordistas” ganaron contra los “sudistas”, decretaron que estos últimos debían repudiar las deudas contraídas con los bancos para financiar la guerra (es el contenido de la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos). Una deuda considerada como “odiosa”, pues fue contraida para defender el sistema esclavista.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos rechazaron igualmente que Cuba, independiente como consecuencia de su intervención militar, reembolsara la deuda que España había contraído en Paris en nombre de su colonia. Los Estados Unidos la consideraron como “odiosa”, pues sirvió para financiar la dominación de Cuba y las guerras que los españoles realizaron en otras partes.

Y cuando en 1919, Costa Rica repudió una deuda contraída por el exdictador Tinoco, en beneficio exclusivo de su familia, fue un antiguo presidente de los Estados Unidos quien intervino como árbitro y ratificó el repudio. Pues el dinero tomado prestado estaba destinado a intereses personales.

Sobre la base de toda esta jurisprudencia un jurista ruso, exiliado tras la revolución bolchevique, elaboró una doctrina jurídica. Afirmaba que un Estado sigue estando comprometido por las deudas contraídas por el régimen anterior, pero añade una excepción: si la deuda ha sido contraída contra el interés de la población y los acreedores eran conscientes de ello, o habrían debido serlo haciendo las comprobaciones oportunas, puede ser decretada odiosa y ser repudiada.

Esta doctrina emana pues de un profesor conservador, que quería defender los intereses de los acreedores, pero igualmente decirles que hay que prestar atención y mirar para quién y porqué prestan. Confirma, al hacerlo, que hay claramente una posibilidad para los Estados de repudiar una deuda si ésta es odiosa.

La deuda griega es “odiosa”

La Troika reclama desde 2010 a Grecia préstamos que fueron claramente concedidos contra el interés de la propia ciudadanía griegas, puesto que se le impusieron medidas que degradaron el ejercicio de sus derechos fundamentales y de sus condiciones de vida. Se ha demostrado que el dinero prestado partió inmediatamente hacia los bancos extranjeros o griegos responsables de la crisis. Y se puede probar que los gobiernos de la Troika eran perfectamente conscientes de ello, pues fueron ellos los que dictaron el contenido del memorándum. Fueron sido actores directos.

Tras un repudio, los Estados pueden encontrar bancos dispuestos a prestarles

La idea extendida según la cual un Estado no puede repudiar su deuda so pena de no poder ya pedir prestado se muestra en realidad falsa. México, por ejemplo, repudió su deuda en 1861, 1867, 1883, 1913 y en cada ocasión encontró nuevos prestamistas. Porque ciertos bancos no dudan en implicarse cuando ven que un país ha recuperado una buena salud financiera suspendiendo el pago de la deuda o repudiándola.

Portugal en 1837 repudió su deuda. Esto no le impidió contraer 14 préstamos sucesivos con los banqueros franceses. Los Soviets repudiaron en febrero de 1918 las deudas contraídas por el Zar porque habían servido para hacer la guerra. Se decretó un bloqueo, pero fue levantado después de 1922, porque los británicos decidieron prestarles para que Rusia comprase material británico. Alemania, Noruega, Suecia y Bélgica siguieron el ejemplo. Incluso Francia renunció al bloqueo, cuando 1,6 millones de franceses habían comprado títulos rusos al Crédit Lyonnais, repudiados tras la revolución. Fueron los grandes productores de la metalurgia francesa quienes presionaron para que Francia prestara a los soviets, pues veían que las compras les pasaban ante sus narices.

Conclusión: La anulación de la deuda ilegítima es una condición indispensable para liberar medios para poner en pie una política de transición ecológica. ¡Pero es insuficiente! Repudiar deudas y no realizar otras políticas referidas a los bancos, la moneda, la política sobre los impuestos, las prioridades de inversión y la democracia… sería volver a un ciclo de endeudamiento. El repudio debe inscribirse en un plan de conjunto.

Eric Toussaint, Autor del libro Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation, Les liens qui libèrent, 2017. El libro sera publicado por Icaria en enero 2018.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/24619/la-deuda-ha-jugado-un-papel-determinante-en-la-historia/

La policía hondureña hace huelga de brazos caídos

La policía hondureña hace huelga de brazos caídos
Página/12
La fuerza de seguridad se paró enfrente del decreto del gobierno de Hernández, que estableció el estado de excepción por diez días tras las protestas y las denuncias de fraude. La oposición no reconoce la reelección del presidente y avisa que irá a la OEA.Los efectivos de la policía reclaman que se supere la crisis política.

La policía hondureña planteó hoy su desacuerdo con el estado de sitio que decretó el gobierno de Juan Orlando Hernández a última hora del viernes, y cientos de efectivos se declaran en huelga, como forma de no reprimir a los manifestantes que denuncian un fraude a favor del oficialismo en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre.

“En estos momentos estamos de brazos caídos para manifestar nuestra inconformidad por lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”, dijo un vocero las Cobras, como se conoce a las unidades de las fuerzas especiales de Honduras. En rigor, las fuerzas deberían reprimir cualquier acción en la calle durante la vigencia del estado de excepción, que el gobierno de Hernández estableció por diez días e impide circular por las calles durante la noche.

“Nuestro pueblo es soberano y a ellos nos debemos, por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos”, consideraron los uniformados. “Abogamos a que se recupere la paz y tranquilidad para nuestro pueblo lo más pronto posible”, agregaron.

En un comunicado, la Policía Nacional estimó que “nuestro pueblo es soberano y a ellos nos debemos, por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos”; y pidió al gobierno que “busque la mejor salida al conflicto”. Además, la fuerza descartó que la medida se deba a “ideales políticos ni demandas laborales”, sino a “la inconformidad manifiesta de lo que está sucediendo”. Y pidió “que se recupere la paz para nuestro pueblo lo más pronto posible”.

La crisis se suscitó con el lento recuento de votos en una elección muy pareja. El miércoles pasado, 72 horas después del cierre de los comicios, se anunció que Hernández vencía por cerca de un punto y medio al opositor Salvador Nasralla, a quien apoya Manuel Zelaya, el mandatario derrocado en 2009. La noticia de que Hernández conseguía su reelección potenció las denuncias de fraude, y la oposición se retiró del recuento. Se dieron incidentes y Hernández subió la apuesta con el estado de sitio.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral anunció ayer que Hernández ganó con el 42,98 por ciento contra el 41,39 de Nasralla, que anunció que no reconoce los resultados. Con todo, el anuncio no es el reconocimiento formal de que Hernández gobernará otros cuatro años, dado que hay apelaciones pendientes. El opositor anunció que irá a la OEA. En ese sentido reclamó que el organismo convoque a su Consejo Permanente para mostrar las pruebas de lo que considera un fraude.

Nasralla sostiene que hubo alteraciones en las planillas electorales, que benefician al Partido Nacional de Hernández. “En algunas nos suben dos votos para disimular, pero en la siguiente nos matan, en algunas pusieron 100 votos”, graficó Zelaya en rueda de prensa. El ex presidente promueve “la desobediencia civil” y parece que surte efecto, con la policía que no acata la orden de reprimir.

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Un balazo por la espalda totalmente justificado

Un balazo por la espalda totalmente justificado
Página/12

 

La vicepresidenta Michetti y los ministros Bullrich y Garavano dieron como “verdad” la versión de las fuerzas de seguridad acerca de que habían sido atacados con armas de grueso calibre. La oposición pidió la remoción de Bullrich.

 

El Gobierno nacional conjugó de todas las formas posibles el verbo “justificar”. Los funcionarios de Mauricio Macri salieron a defender el accionar de la Prefectura, que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a menos de tres meses de la muerte violenta de Santiago Maldonado en otro operativo de fuerzas federales. En una conferencia de prensa, que encabezaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano, avalaron todo lo actuado por el Grupo Albatros, dijeron que no habrá diálogo con los mapuches y lanzaron advertencias para quienes “violen la ley”. La ministra dijo que los uniformados fueron atacados con armas de fuego y, cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió que no eran necesarias. “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”, sentenció Bullrich. Antes de esa conferencia, la vicepresidenta Gabriela Michetti sentó una nueva doctrina: “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”.

Pese a sus diferencias internas sobre cómo abordar el caso (ver aparte), Bullrich y Garavano se sentaron junto a los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman a ofrecer una conferencia de prensa en la que siguieron en la línea del primer comunicado oficial del Gobierno, que alertó sobre un rebrote de la “violencia armada”.

Reiteraron la versión de los prefectos, que sostienen que fueron atacados por los mapuches con “armas de grueso calibre” y con tácticas militares. Cuando le pidieron pruebas, Bullrich primero dijo que no las necesitaba y luego afirmó: “Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada”. También sostuvo que apedrearon a un grupo policial.

La funcionaria, bajo cuyo mando se encuentran las fuerzas de seguridad, no dio explicaciones sobre los niños que fueron esposados con precintos en la represión del jueves ni sobre el hecho de que Nahuel fue baleado por la espalda. En lugar de eso, se dedicó a agrandar la figura de “el grupo RAM”, al que consideró no una organización concreta, sino “un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. “Hubo más de 70 acciones violentas o atentados”, sostuvo Bullrich, en plan de construir esta amenaza armada de mapuches que “no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera”. Remarcó que no habrá ninguna instancia de diálogo con ellos.

“No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, remarcó la ministra, quien defendió la posibilidad de las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial con la doctrina de la flagrancia. “Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés”, aseveró la ministra.

Presión al juezTanto el comunicado de prensa como la Bullrich de carne y hueso le indicaron al juez Gustavo Villanueva cómo investigar y en qué sentido debe hacerlo. El comunicado del domingo decía que el Gobierno “deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”. En tanto, en la conferencia de prensa, tras señalar que ella no necesitaba pruebas para saber que los prefectos decían la verdad, afirmó: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

De paso, Bullrich lo apuró al magistrado: “El juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar”, remarcó.

“Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos”, le señaló al juez. La funcionaria PRO cuestionó a los mapuches del lago Mascardi dado que, según ella, “le mintieron al juez porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron”.

Con el gesto duro, Garavano, sentado a su lado, aseguró que “la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias”. Y destacó “la importancia de la investigación de la Justicia respecto a los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley”. Nada dijeron de la investigación del asesinato de Nahuel, del que los principales sospechosos son los prefectos.

A las diatribas en la conferencia de prensa se había sumado previamente Michetti, que sentó una tesis a favor de las policías en los casos en los que se sospecha que cometieron crímenes. “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta.

Como adelantó este diario, el diagnóstico del Gobierno tras dos muertes en protestas de los mapuches no apunta a frenar el accionar violento de las fuerzas de seguridad, sino que lo alienta a partir de los discursos que buscan atacar a un enemigo terrorista que –según los funcionarios– es el único problema que hay en la Patagonia, cada vez más trágica.

Juicio políticoLos funcionarios recibieron una andanada de críticas por su justificación del asesinato de Nahuel y varios bloques impulsan nuevamente la remoción de Bullrich. “Vamos a impulsar el pedido de juicio político a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados”, afirmó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso. “Se ve con mucha crudeza que la única respuesta que tiene el Estado es la represión y el asesinato”, indicó Grosso. “Basta de encubrir y justificar el accionar de un Estado represivo. La ministra de Seguridad defiende peligrosamente actos propios del peor totalitarismo. Es realmente preocupante que la responsable de cuidar y garantizar los derechos de todas y todos los argentinos se limite a defender a las fuerzas de seguridad a su cargo, que acaban de matar a una persona, sin ni siquiera iniciar una investigación seria”, indicó el kirchnerista Martín Sabbatella.

En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, advirtió que “es preocupante que insistan con el argumento del enemigo terrorista que amenaza a la Nación. Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados terroristas en la Patagonia”. “La construcción de grupos armados mapuches es una actitud canalla y cobarde por parte del Estado”, consideró Diego Morales, director de Litigio del CELS.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/78936-un-balazo-por-la-espalda-totalmente-justificado